La negociación salarial encima del 100% del gremio camionero oficializó una nueva referencia para el mercado. Temor por el espiral salarios versus precios
El impactante 131% que se puso sobre la mesa en la negociación salarial del gremio camionero se está transformando en el dato político más preocupante para el Gobierno: da la pauta sobre el nivel de descreimiento de las proyecciones oficiales y, además, puede tener en sí mismo un efecto inflacionario.
Al mismo tiempo que Pablo Moyano comunicaba la cifra, en el Congreso el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, intentaba, con poco éxito, convencer a los diputados de la comisión de presupuesto de que no es una fantasía pensar en una inflación de 60% para el año próximo. Tal como ya había hecho la semana pasada el viceministro Gabriel Rubinstein, también Pesce argumentó que la disminución en la asistencia financiera al Tesoro permitiría esa reducción brusca, y además restó importancia a las advertencias sobre la «bomba de Leliqs».
Pero en el mercado, las señales de descreimiento no dan tregua. A esa misma hora, mucho más cerca de Moyano que de Rubinstein y Pesce, el banco de inversión estadounidense JP Morgan revisó la proyección inflacionaria para el año próximo, que ahora ubica en 112%.
Y esa es la tónica compartida por la mayoría de las consultoras, que en cada encuesta de expectativas revisan al alza sus proyecciones, cada vez más cerca de los tres dígitos. Por lo pronto, la ola inflacionaria, que llevó el IPC de septiembre otra vez al entorno del 7%, hace que el 95% de inflación que la encuesta REM del Banco Central habían previsto para este año ya haya quedado sobrepasada.
Aun si el plan del ministro Sergio Massa lograra reducir la inflación del último trimestre a un 5% mensual, la inflación del 2022 terminaría encima del 110%, lo cual deja pequeña también la predicción del 84% que habían hecho los economistas apenas un mes atrás.
Con una economía ya funcionando en un escenario de tres dígitos -algo que sólo recuerdan quienes hoy tienen más de 50 años-, el temor que se instaló en el Gobierno es el de la agudización de la carrera nominal entre precios y salarios, un fenómeno que tiene una dinámica propia de espiralización, difícil de controlar para los funcionarios.
Las advertencias sobre el agotamiento del esquema anti-inflacionario actual son cada vez más potentes. Por ejemplo, un informe de la administradora de fondos Mega QM observa que la suba de tasas de interés tiene efectos decrecientes: «La economía opera con niveles de nominalidad del 7%; en estos valores la tasa deja de ser efectiva, porque el riesgo es una inflación espiralizada, donde no hay tasa que compense».
Claro que Massa escucha estos avisos, y es por eso que está circulando la versión de un plan de shock al viejo estilo, que incluiría un congelamiento de precios y salarios. Lo paradójico es que esos rumores están agravando la situación, porque así como los sindicatos piden aumentos encima del 100%, hay empresas que realizan aumentos de precios preventivos, acelerando así la velocidad inflacionaria.
El dilema político del Gobierno
En realidad, el incremento que pide el sindicato camionero podría terminar siendo más alto, dado que al ajuste de 100% en el salario -que se agrega al 31% negociado a comienzos de año- se suman, según adelantó Moyano, otros beneficios tales como viáticos, que podrían llevar la cifra final cerca del 150%.
Un monto que deja como una cifra menor al acuerdo firmado por el gremio bancario, que había causado sorpresa en el mercado al anunciar su paritaria de 94%.
Y es una situación que pone al Gobierno en una situación difícil. La frase que suele repetir el ministro de Trabajo, Claudio Moroni –»el mejor salario es el que se puede pagar»- adquiere en este contexto un significado mucho más elocuente, porque deja expuesto el mayor temor: que ante la presión sindical, las empresas terminen cediendo a aumentos que no están en condiciones de pagar, y entonces luego «compensen» esa suba mediante un traslado a los precios de sus productos y servicios.
En otras palabras, que un aval a ajustes salariales de tres dígitos termine por consolidar una inflación de tres dígitos, con el consecuente agravamiento de la carrera nominal y con la perspectiva de un acortamiento en los reclamos de revisión salarial, lo cual a su vez implicaría una mayor conflictividad laboral.
Pero la disyuntiva es compleja: si el Gobierno intenta resistir una paritaria «moyanizada», no sólo se arriesga a empeorar el clima social -y a que, como dijo el propio líder camionero, el reciente conflicto del neumático «quede como un poroto al lado de lo que va a venir»-. Además, hay probabilidades de que se vuelva a agravar la fisura interna.
El argumento del kirchnerismo -que reaccionó con indignación ante la actitud de Massa y Moroni en el caso del sindicato del neumático- es que no se puede acusar de inflacionarios a los aumentos salariales, porque como las empresas han aumentado sus márgenes de ganancias, hay margen como para que las mejoras a los trabajadores no se traduzcan en remarcaciones de precios.
El propio Rubinstein contestó ese argumento al afirmar que las mayores rentabilidades que se están observando este año son una consecuencia directa del aumento en la brecha cambiaria, que obliga a las empresas a contar con mayores recursos para hacer frente a la distorsión de los costos.
La economía «moyanizada»
Mientras tanto, en el mercado ya se vive el «efecto Moyano»: la discusión del gremio camionero es tomada como referencia por el resto de las ramas de actividad, que tratan de acercarse a las revisiones de tres dígitos. Pablo Moyano, además, hizo un planteo que interpela al Gobierno: «Como se le dio el beneficio al campo con el dólar soja, que en un mes se la llevaron en pala, debe darle también a los trabajadores».
Y los críticos apuntan a las consecuencias negativas sobre el resto de la economía, como el inexorable ajuste en el precio del flete, que luego se transmite en forma de costo logístico para toda la cadena comercial.
Además, parece inevitable que el Gobierno pueda resistir la presión política para actualizar el «piso» del impuesto a las Ganancias -después de todo, una de las banderas tradicionales de Massa-, algo que achicaría las perspectivas de recaudación tributaria.
No faltan, en medio de la polémica sobre los alquileres y las casas vacías, quienes recuerdan que altos niveles de aumento salarial pueden complicar ese panorama, dado que la mayoría de los contratos ajustan con la referencia de los salarios del sector formal, aun cuando el inquilino pueda ser monotributista o desempeñarse en la informalidad.
Y se han vuelto a escuchar las protestas en el sentido de que en momentos de alta inflación se hacen más grandes las diferencias de ingreso entre los trabajadores que cuentan con la protección de un sindicato poderoso y aquellos que no tienen esa representación.
Un informe de Jorge Colina, director de la fundación Idesa, pone el foco en la situación conflictiva generada por las paritarias del neumático, que puso en evidencia la necesidad de «modernizar el modelo de negociación colectiva». Así, plantea que, para evitar que un sindicato poderoso tenga un poder desmedido, se debe pasar a un sistema de negociación por empresa, algo para lo cual no es necesaria una reforma laboral porque ya tiene las herramientas legales.
El ancla de Guzmán que no tendrá Massa
Pero, sobre todo, la consecuencia más evidente se da en el plano político: el proyecto de presupuesto 2023, pese a tener altas probabilidades de resultar aprobado, ya arranca bajo un manto de escepticismo.
Massa, a diferencia de Martín Guzmán, no ha logrado que esa ley sea tomada como la referencia principal por los sindicatos. El renunciado ministro usaba sus pronósticos para poner un «techo» en las paritarias, de manera que a comienzos de 2021 los acuerdos no superaban los ajustes de 35% y, a inicios de este año, no estuvieron por encima del 45%.
Guzmán solía elogiar públicamente «la demostración de responsabilidad» por parte de los dirigentes sindicales que tomaban la proyección oficial de inflación como referencia. Aunque con el correr de los meses esas paritarias fueran revisadas, lo cierto es que la baja base de arranque le permitía a Guzmán tener una contención del gasto público -las remuneraciones a estatales representan un aproximadamente un tercio de los ingresos fiscales- y usar al salario como «ancla» inflacionaria.
Pero con la inflación en los niveles actuales, y con el antecedente de pronósticos que siempre se quedaron cortos, a Massa le está resultando difícil que su proyección de variables para el año próximo sea tomada como referencia por parte del sector privado.
Para Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, lo que el mercado está notando es que, «de cada episodio, el Banco Central sale más endeudado y eso activa un mecanismo autónomo de emisión monetaria».
Y afirma que, si bien es cierto que la base monetaria está expandiéndose a un menor ritmo, cuando se considera la «base amplia», que incluye a las Leliq, la velocidad de expansión subió de 50% a 74% en un cuatrimestre.
Pero, sobre todo, el factor principal que lleva al descreimiento de la política antiinflacionaria oficial es la convicción, por parte de los economistas, de que la inflación será la única herramienta disponible para recortar el déficit fiscal.
Al respecto fue clara Marina Dal Poggetto, que estuvo cerca de asumir como viceministra de Massa pero cuyo nombramiento no se concretó porque defendía la necesidad de una corrección devaluatoria que el Gobierno quiere evitar a toda costa.
Su argumento es que con una inflación de tres dígitos resulta fácil ajustar, porque la recaudación tributaria siempre crecerá más rápido que el gasto. «El problema es que es muy difícil sostener el ajuste si la inflación baja -dijo en una entrevista televisiva-; si frenás la inflación, frenaste el ajuste porque el gasto está indexado al pasado».
Y Domingo Cavallo, otro economista siempre muy escuchado por el mercado -y por el equipo de Massa- planteó que la única forma de cumplir con el objetivo de bajar el déficit al 1,9% del PBI es mantener una inflación por encima del 6% mensual. Esto significa para 2023 una inflación encima del 100%.
Fuente: https://www.iprofesional.com/economia/370704-efecto-moyano-salarios-y-precios-sobre-100-complican-plan-massa
